En 1931 miles de trabajadores de Barcelona y alrededores dejaron de pagar el alquiler y se sumaron a una huelga de inquilinos que puso en jaque a los rentistas y al gobierno republicano que les protegía. Esta es una de tantas historias de luchas del movimiento obrero que no te explican en la escuela.
El contexto de la huelga
Primero de todo quiero dejar claro que a lo largo de la historia ha habido numerosas huelgas de inquilinos de éxito variable. En Argentina en 1907, en Chile en 1915, en Ciudad de México en 1922, ha habido varias en la historia de Nueva York, o desde 2023 hay una en Toronto, Canadá. Ya en 1919 la Confederación Nacional del Trabajo, la anarcosindicalista CNT, había formado La Unión de Defensa de Inquilinos de Barcelona, que reclamaba mejorar las viviendas y rebajar los alquileres en un 50%. Esta era la misma demanda que habían hecho con éxito los chilenos pocos años antes, y en 1922 hicieron una huelga de alquileres en Barcelona. Sin embargo, la huelga que presento hoy ha sido la más importante de la historia de España hasta la fecha.
Ayer hablé sobre la crisis de la vivienda de la Barcelona de los años 20 y 30 en un vídeo aparte para evitar hacer este aún más largo. Así que suscríbete para no perderte mi contenido y dejo enlace de ese episodio de unos pocos minutos en la descripción. Pero el resumen del contexto es este: Barcelona había crecido mucho hasta alcanzar el millón de habitantes, con mucha población migrante de otras partes de España. Prácticamente todos los obreros estaban en alquiler, no podían acceder a la vivienda en propiedad, y los precios de los alquileres se dispararon en los años 20 hasta suponer un 40% del salario de los obreros, como ahora vaya.
Mucha gente vivía realquilada en pisos compartidos con otras familias, los pisos solían tener unas condiciones sanitarias deplorables, y los que no se podían permitir un piso terminaban pasando la noche en un albergue, en barracas, o en la calle. Vivir en una de estas tres condiciones era la situación de unas 30.000 personas, cuando antes de la guerra civil había unos 40.000 pisos vacíos, por lo que no había escasez de vivienda de por sí, sino que faltaba poner viviendas en el mercado. Las iniciativas de vivienda pública brillaban por su ausencia, y los barrios estaban muy diferenciados entre aquellos obreros y burgueses y aquellos predominantemente catalanes y no catalanes.
El origen de la huelga de alquileres de 1931
Dicho esto, en octubre de 1930 se inició el boicot de los alquileres en la Barceloneta, barrio portuario y proletario que era sede de la Maquinista, la metalúrgica más importante de la ciudad. Pronto se extendió en las colonias de ‘casas baratas’ públicas situadas en las afueras, en zonas con chabolas, y en algunos puntos de Sants, por aquel entonces barrio obrero con muchas fábricas. La huelga de inquilinos era una forma de protesta no violenta contra el coste de vida de los obreros mal pagados, no cualificados y sobre todo parados. Este boicot fue iniciado por asociaciones vecinales y no por la CNT.
Sin embargo, fueron los trabajadores del Sindicato de la Construcción de la CNT los que dieron el gran impulso a la huelga. Esto no es sorprendente, teniendo en cuenta que el 40% de los 30.000 afiliados a este sindicato estaba en paro al haberse terminado la Exposición Universal de 1929, y que los anarquistas promueven la acción directa y coordinada de los trabajadores contra sus opresores políticos y económicos. El 12 de abril de 1931, el mismo día de las elecciones municipales que traerían la República, un anarquista de la construcción propuso la creación de la Comisión de Defensa Económica, o CDE para abreviar, con el objetivo de estudiar en qué se gastaba el obrero su jornal y cuánto de esto iba al alquiler.
Por la celebración del Primero de Mayo la CNT de Barcelona organizó un mitin y asamblea abierta frente al Palacio de Bellas Artes con el eslogan “Primero de Mayo contra el paro, la inflación y por la rebaja de los alquileres.” El evento atrajo a unas 100.000 personas según el periódico anarquista Solidaridad Obrera, llegando a las 150.000 cuando se desplazaron en dirección a la Plaza Sant Jaume, sede de la Generalitat para entregar sus exigencias al presidente catalán. Hay que señalar que la huelga de alquileres estaba conectada con las expectativas que generaron los republicanos antes y poco después de proclamar la República al prometer topes en los precios de los alquileres.
Una vez que Esquerra tomó el poder, les recordaron sus promesas e insistieron que su huelga no tenía intenciones revolucionarias de abolir las relaciones entre caseros e inquilinos. Lo que habían acordado en la asamblea era rebajar un 40% el precio de los alquileres obreros, incautar capital y parar los trabajos de las congregaciones religiosas por competencia desleal, y que cada patrón debía emplear a parados hasta el equivalente del 15% de su número de trabajadores actuales. De esta manera, se mezclaban demandas sobre el problema de la vivienda con medidas contra el desempleo.
Auge de la huelga de inquilinos de Barcelona
En el periódico Solidaridad Obrera fueron detallando su propuesta a lo largo de mayo. La comisión explicaba que los caseros se habían aprovechado de la crisis de la vivienda para incrementar el retorno del capital. Señalaban a los caseros como una de las causas del estancamiento de la economía española, porque buena parte del salario de los trabajadores iba a los bolsillos de estos elementos improductivos rentistas de la sociedad. La lucha de los inquilinos desafiaba la idea de los especuladores, caseros y gobiernos de que la vivienda servía para explotar y obtener ganancias en vez de ser un recurso básico. Desde Solidaridad Obrera animaban a que, si no llegaban a fin de mes, los inquilinos no pagasen el alquiler, pedían que hubiera una exención de pago para los parados, y además de quejarse por los precios denunciaban las condiciones insalubres de las viviendas.
La Comisión de Defensa Económica fue extendiendo la huelga organizando multitud de asambleas abiertas y democráticas en barrios populares barceloneses y los pueblos de alrededor. En estos encuentros de la CDE había mucho público femenino, porque entonces era normal que los obreros entregasen su salario a sus esposas para gestionarlo y por eso también las mujeres eran las más implicadas en otras protestas de consumo, como contra la escasez de alimentos o subidas de precios. El movimiento fue especialmente fuerte en el entonces conocido como barrio chino, actual Raval, la Barceloneta, Sants, Clot y Poblenou, las ‘casas baratas’ de las afueras de Barcelona, y en Santa Coloma de Gramanet y La Torrassa en el Hospitalet de Llobregat, pero tenemos noticias de que la huelga llegó a poblaciones a decenas de kilómetros de Barcelona como Calella y Vilanova i la Geltrú.
Los parados y obreros mal remunerados eran débiles individualmente, pero juntos bajo el paraguas de la CDE y por extensión la CNT fueron capaces de crear un movimiento fuerte y efectivo. La CDE estuvo abierta a la participación de muchos obreros no sindicados, y lo único que exigían a los huelguistas era que se registrasen a la comisión y actuasen en solidaridad con el resto de los huelguistas. Por la fórmula de organización descentralizada y autogestionada anarquista, los huelguistas incorporaban reivindicaciones específicas de cada barrio. Algunos inquilinos pedían mejorar la habitabilidad de las viviendas, mientras que los de las comunidades de ‘casas baratas’ públicas exigían ser dotados de escuelas, centros médicos, iluminación callejera, y líneas de transporte.
Los parados pedían transporte público gratuito para facilitar la búsqueda de empleo, mientras que la asamblea del barrio de Horta presentó unas exigencias más radicales como sacar a la Guardia Civil de su barrio o cerrar la iglesia local. Gracias a esta experiencia en la huelga de inquilinos, muchos obreros experimentaron por primera vez lo que suponía tener voz en las asambleas democráticas y se sintieron así empoderados por las tácticas de acción directa y colectiva. Se creó un fuerte sentido de solidaridad de clase que conectaba a los distintos barrios obreros de Barcelona, porque todos experimentaban problemas más o menos similares.
Cuando los caseros ordenaban cortar la luz y agua de las viviendas en huelga, los obreros simplemente las volvían a reconectar. Cuando se producía un desahucio, los huelguistas y vecinos, incluso de otros barrios, respondían ayudándoles a volver a ocupar el piso desahuciado y volver a poner los muebles en su sitio, porque la policía no tenía suficientes efectivos como para poner vigilancia. Si por algún motivo no lo podían hacer inmediatamente, siempre había alguien dispuesto a ofrecer un alojamiento temporal, como siempre se había hecho entre militantes cenetistas. La ocupación ilegal de pisos y reinstalación de los desahuciados fueron prácticas comunes de un movimiento que proclamaba que, antes que dormir en la calle, estaban dispuestos a todo, y estos éxitos no hacían más que dar más confianza y fuerza a los huelguistas.
Durante las protestas contra intentos de desahucio en una de las zonas de ‘casas baratas’ las autoridades tuvieron que mandar a un camión de la Guardia Civil para evitar que quemasen la iglesia local, vista como símbolo de opresión. Hubo intentos de linchamiento a alguaciles, tantos que algunas veces se negaban a llevar a cabo los desahucios. Hubo numerosos enfrentamientos violentos entre la policía y los vecinos, pero cuando mujeres y niños se involucraban muchas veces no sabían cómo actuar y abandonaban su cometido de desahuciar. Otras formas de generar presión incluían marchar varios huelguistas hacia la vivienda del casero y amenazarlo, a veces a mano armada, para que dejase los intentos de desahucios. Desde Solidaridad Obrera incluso difundían el nombre y dirección de aquellos opuestos a la huelga de inquilinos.
El trabajo realizado por las asambleas de barrio culminó en un mitin monstruo el 5 de julio, de nuevo en el Palacio de Bellas Artes. Se acordó reiterar que los alquileres debían bajar un 40%, el depósito de un mes de nuevos inquilinos debía tomarse como el primer pago mensual, y que los parados no tendrían que pagar el alquiler. Si los caseros no aceptaban estas demandas, los inquilinos no pagarían nada y advertirían que lo hacían amparados por la iniciativa de la Comisión de Defensa Económica. Sus demandas se esparcieron rápidamente por lo multitudinario que fue el evento, las octavillas distribuidas en barrios obreros, y las acciones de los inquilinos.
Es difícil estimar cuántos participaron en la huelga de inquilinos porque al producirse el golpe de 1936 y fracasar en Cataluña, los revolucionarios quemaron los archivos municipales de los juzgados. Según la CDE, en julio había 45.000 huelguistas y en agosto alcanzó su pico con 100.000. No hay mucho motivo por el que dudar de estas cifras dada la memoria de los huelguistas y la reacción extrema de las autoridades y caseros, como veremos a continuación. El amplio seguimiento de la huelga de alquileres se comprende fácilmente porque, a diferencia de una huelga laboral donde el trabajador tiene que sacrificar el pago de su salario en los días de huelga, el beneficio de no pagar el alquiler es inmediato. El tiempo estaba a su favor, e incluso si los caseros no aceptaban sus demandas, no pagar el alquiler durante algunos meses sería algo que agradecerían los bolsillos de los proletarios.
La reacción de los caseros y del gobierno republicano
Sin embargo, las cosas pronto se pusieron feas. La Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Barcelona, o COPUB para acortar, no tardó en reaccionar y en su reunión multitudinaria del 20 de julio los caseros asistentes se mostraron muy alarmados. Los oradores hablaron del gran sufrimiento de los pequeños propietarios por impuestos y ahora la huelga y pidieron que la ley los protegiera. Según ellos, estos inquilinos perturbadores rompían la armonía entre dueños e inquilinos, y su objetivo era atacar la sagrada propiedad privada, dañar la economía nacional, y tumbar la República para instaurar una dictadura bolchevique.
La COPUB pidió al gobernador civil de Barcelona y al gobierno central reprimir duramente a los huelguistas, prohibir sus actos de propaganda, ilegalizar la Comisión de Defensa Económica, y arrestar a los principales responsables. Todo esto para mantener el orden social y principio de autoridad y por el bien de los inquilinos de bien. Ay, qué buenas personas pensando en los “inquilinos de bien”, es decir, aquellos obedientes y que aceptan todo. La reacción de los caseros no fue primero pensar en posibles soluciones al problema de la vivienda ni negociar nada, sino considerar que se promovía una campaña delictiva y la violación de la propiedad privada, por lo que debía ser un problema del que se encargase la policía con represión.
La cámara de propietarios amenazó con retener el pago de los impuestos que le correspondía y usó la influencia de su antiguo presidente Pich i Pon, líder del derechista Partido Radical de Lerroux en Barcelona, para presionar al gobierno central para actuar. Entre la huelga de inquilinos y la de Telefónica que estaba activa en esos momentos, la CNT y el gobierno republicano chocaron en las calles en verano del 31. El ministro de interior y derechista Miguel Maura estuvo de acuerdo en que no podían aceptar negociar porque eso llevaría a más demandas de los huelguistas y llegó a sugerir volver a ilegalizar la CNT, como en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera.
El miserable líder del PSOE y ministro de trabajo, Francisco Largo Caballero, calificó la huelga de los alquileres como absurda y la vio como una oportunidad para acabar con la supremacía de la CNT en Cataluña. Típico ejemplo de socialista estatalista o marxista traicionando a los trabajadores y aburguesándose por entrar en gobiernos y parlamentos, pero bueno, qué esperar de alguien que hasta colaboró con la dictadura de Primo de Rivera. Miguel Maura y el ministro de justicia prometieron a Pich i Pon que darían instrucciones para llevar a cabo rápidamente los desahucios de huelguistas, y el 27 de julio un fiscal prohibió los folletos de la CDE por sediciosos.
Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya, que había prometido en las elecciones limitar los precios de los alquileres, no hizo nada para solucionar el problema de la vivienda. Esquerra no podía tolerar las acciones directas de los inquilinos en huelga porque ponían en evidencia que su retórica interclasista era eso, retórica, y que los intereses que defendían eran los de las clases propietarias. Esto no resulta sorprendente, porque muchos políticos de Esquerra provenían de la pequeña burguesía. Los de Esquerra pedían paciencia a los obreros, pero tú no le puedes pedir eso a quienes necesitan mejorar su situación de forma inmediata porque sino los desahucian y terminan en la calle mendigando.
No era razonable pedir a los parados y obreros pobres que esperasen pasivamente a que, si había suerte, los republicanos hicieran algo en un futuro indeterminado. La acción directa estaba sirviendo para meter presión a los caseros como nunca antes ninguna ley había podido conseguir. Las autoridades no tardaron en criminalizar las prácticas de los huelguistas y tratarlos como enemigos de la República, reaccionarios, agitadores, vagos, y criminales que se hacían pasar por parados. Se recuperaba así la distinción decimonónica liberal entre pobres dignos y honrados, es decir, aquellos que no se quejan y obedecen, y pobres subversivos y vagos.
En vez de reconocer que había un grave problema de vivienda en Barcelona, los políticos republicanos y los burgueses, que la misma cosa eran, afirmaban que la huelga fue fruto de las prácticas violentas y coacciones de una minoría de inquilinos agitadores y peligrosos. Hicieron incluso propaganda con informaciones falsas diciendo que los inquilinos de las ‘casas baratas’ de vivienda pública se lucraban subarrendando sus pisos mientras que alquilaban villas lujosas en la costa. También por parte de Esquerra hubo discursos y políticas públicas de discriminación, criminalización y expulsión de los inmigrantes del sur de España llegados en los últimos años, pero eso daría para hablarlo en otro episodio.
La represión de la huelga de alquileres
Quedaba claro que las autoridades republicanas estaban dispuestas a aplicar la misma política de garrotazos de siempre, la violencia que tanto gusta emplear a los poderosos para recordar quién manda. El verano del 31 estuvo marcado en Barcelona por una explosión de huelgas, hasta 41. Sin embargo, no se trataba de un ataque revolucionario contra la República como algunos paranoicos del gobierno central temían. Se trataba simplemente de disfrutar de las libertades reconocidas por la República y de mejorar las paupérrimas condiciones de los trabajadores después de casi una década perdida de sindicalismo por la dictadura de Primo de Rivera. Incluso el cónsul británico se mostraba sorprendido de que no hubiera más huelgas con lo mal pagados que estaban los trabajadores.
La Comisión de Defensa Económica se sorprendió por la ferocidad de la reacción estatal, reafirmó que sus demandas eran realistas, e indicó una voluntad de negociar que del otro lado era inexistente. Como contraataque, Solidaridad Obrera empezó a publicar desde principios de agosto informaciones sobre fraudes fiscales de los caseros, que habitualmente declaraban la mitad o menos de los ingresos por alquileres. Se imaginaban que en una república se aplicaría la ley a todos por igual, pero mientras que los criminales explotadores y defraudadores eran protegidos por el estado, los que protestaban por los abusos eran tratados como delincuentes.
Naturalmente, la COPUB negó públicamente los fraudes, pero en un informe interno del año siguiente confirmaba que la mayoría de los caseros hacían declaraciones fraudulentas al fisco y a la propia cámara de propietarios con contratos e identidades falsas para ocultar el número de sus propiedades. La evasión legal y fiscal de los caseros era una práctica habitual en aquella época y tolerada por el estado, que representaba ante todo los intereses de esas clases propietarias. Todo esto por cierto mientras la COPUB fue a los tribunales contra el ayuntamiento de Barcelona porque se negaban a seguir pagando el impuesto especial de un mísero 1% que se estableció para costear los trabajos de la Expo de 1929 y por la que el municipio seguía muy endeudado. Típico ejemplo de privatización de beneficios y socialización de pérdidas.
Por la presión de los criminales propietarios y el deseo de los republicanos de estabilizar el nuevo régimen, el gobierno pasó al ataque en agosto cuando Anguera de Sojo fue nombrado gobernador civil de Barcelona. Anguera de Sojo ilegalizó la Comisión de Defensa Económica y prohibió los mítines de los inquilinos en huelga. Exigió a la CNT la lista de huelguistas inscritos y al negarse impusieron una multa cuantiosa a la confederación anarcosindicalista. El gobernador civil de Barcelona ordenó el arresto de los organizadores más destacados y los internó en la cárcel Modelo. Así a principios de septiembre los 54 reclusos de la CNT empezaron una huelga de hambre, que además provocó un motín en la prisión, y fuera de ella la CNT de Barcelona declaró una huelga general en solidaridad y protesta por la represión. Se unieron a la huelga unos 300.000 obreros, incluyendo el cinturón industrial de Manresa, Mataró, Sabadell, Granollers y Terrassa.
Anguera de Sojo, con el apoyo del gobierno republicano-socialista de Madrid, no se mostró dispuesto a negociar nada y arrestó a más cenetistas. Los anarquistas más radicales quisieron aprovechar para que fuera una huelga revolucionaria y pusieron en las calles milicias armadas, pero estaban mal armadas como para plantear una amenaza seria. Anguera de Sojo declaró la ley marcial y el gobierno central envió a Barcelona dos buques de guerra con cientos de agentes de la Guardia Civil. La huelga general de septiembre del 31 se saldó con entre 6 y 18 obreros muertos, no hay consenso en las fuentes, y más de 300 obreros sufrieron un arresto gubernamental, que quiere decir que eran arrestados sin cargos ni proceso judicial y que la sanción la ponía el gobernador sin derecho a apelación.
Los arrestos gubernamentales eran una de las prácticas más opresivas y despóticas del régimen monárquico, y la gente creyó erróneamente que esto cambiaría con la República. La huelga de inquilinos y huelga general tuvieron una influencia decisiva en la aprobación de la llamada Ley de Defensa de la República a finales de octubre. Esta era una ley de excepción que violaba las libertades constitucionales. Permitía a los gobernadores y policías suspender asambleas y mítines si creían que amenazaban el orden público, prohibía toda huelga que no fuese reportada a las autoridades con ocho días de antelación, y detener sin cargos y sancionar sin la intervención de un juez. Esto con un gobierno supuestamente de izquierdas.
Nada más aprobarse, las autoridades invocaron esta ley para terminar definitivamente con la huelga de los alquileres. La COPUB proporcionó hombres y camiones a la policía para multiplicar los desahucios, y la Ley de Defensa de la República se empleó para arrestar a cualquiera que se resistiera al desahucio o que estuviera involucrado en la reocupación de pisos. Esto de arrestar sin cargos a los inquilinos que reocupaban la vivienda fue la medida más efectiva en terminar con la solidaridad entre los huelguistas. Cuando se vio que los policías eran capaces de hacer numerosas detenciones y vigilar los pisos desahuciados, la moral se quebró y la resistencia bajó mucho, hasta el punto de que para diciembre la COPUB se congratulaba de haber terminado con la huelga de alquileres.
Consecuencias y legado de la huelga de alquileres de Barcelona de 1931
Sin embargo, la huelga de inquilinos no fue un fracaso total como pudiera parecer. Primero, porque miles de obreros, terminasen desahuciados o no, pudieron ahorrarse varios meses de alquiler, o sea que en términos económicos los que salieron perdiendo de la huelga fueron los caseros, y por cierto no incrementaron los precios del alquiler como consecuencia del boicot. Y segundo, porque muchos caseros, sobre todo aquellos pequeños, acordaron por separado rebajas en los alquileres y perdonaron aquellos meses impagados. Además, la huelga de inquilinos pervivió en algunos barrios del extrarradio de Barcelona, como las ‘casas baratas’ de vivienda pública de Can Tunis y Ramón Albó o La Torrassa de Hospital de Llobregat, que eran zonas muy militantes en el anarquismo donde la policía no podía entrar.
En barrios de Barcelona hubo impagos del alquiler y desahucios a lo largo de los años 30, pero en ese caso era más por necesidad e incapacidad de pago que por formar parte de un movimiento. Por su parte, los caseros representados en la COPUB ganaron de la huelga una lista de inquilinos morosos y desahuciados que podrían consultar todos los caseros y que mantendrían actualizada con la ayuda de juzgados municipales. Pero quizás lo más interesante para los oyentes sean las consecuencias políticas de la huelga. La República era vista como una oportunidad histórica para rectificar las injusticias acumuladas durante años de monarquía, unas expectativas de cambio alentadas por los propios políticos republicanos.
Las demandas de los huelguistas eran compartidas por una mayoría y no eran demandas revolucionarias, sino que se trataba de tener unos precios más razonables en el mercado inmobiliario barcelonés y terminar con los abusos, tal y como había prometido Esquerra. Sin embargo, ¿qué hicieron los republicanos en el poder? Aprobar una ley que permitía violar numerosos artículos de la Constitución aprobada por ellos mismos y poner a la policía al servicio de los propietarios, igual que en épocas anteriores. Se demostraba una vez más que los anarquistas tienen razón y que el estado es un instrumento al servicio de las minorías, por mucho que te lo pongan más bonito con una democracia representativa.
Así pues, la represión de la huelga de inquilinos demostró los límites de la libertad en la República y que un régimen de democracia liberal siempre va a anteponer la defensa de la propiedad privada por encima del derecho a una vivienda. La realidad del mercado inmobiliario en Barcelona era el de una ilegalidad extendida. Algunos caseros llevaban más de trece años sin pagar impuestos sin consecuencias, y era común mentir sobre el tamaño de sus propiedades y el número de inquilinos. Pero el estado, en nombre de la legalidad, protegía a los propietarios y permitía que patronos y caseros incumplieran aquellas leyes que beneficiaban a los trabajadores y a los inquilinos.
Solo en los casos más escandalosos la policía y justicia actuaba contra las clases propietarias, y nunca les trataban de forma humillante ni les daban palizas como sí hacían contra los proletarios. La justicia no puede ser igual para todos bajo un estado. Por otro lado, la huelga de alquileres de Barcelona de 1931 fue la base para muchas campañas posteriores, y para muchos, particularmente jóvenes, fue su iniciación en el movimiento anarquista y a acostumbrarse a organizarse y resolver sus propios problemas sin esperar que un político lo hiciera por ellos.
La represión policial contra la CNT en verano y otoño de 1931 cambió los equilibrios internos en el sindicato e hizo que el sector más moderado y creyente en que podían colaborar con la República perdiese su influencia, al verse rotas sus expectativas optimistas con una República que mantenía la misma represión policial y representaba los mismos intereses que los de antes. Para terminar con algo más positivo, el legado de la huelga de inquilinos no terminó en 1931. En enero de 1933 tenemos por ejemplo noticia de una asociación llamada Unió de Llogaters de Catalunya, que publicaba un boletín donde mostraba que hacía reclamaciones similares a las de la Comisión de Defensa Económica y unidos estos inquilinos consiguieron una rebaja en el alquiler para 36 de sus miembros.
En otros puntos de España también hubo huelgas de inquilinos de menor envergadura, como en Gijón, donde la CNT organizó en la primavera de 1932 un sindicato para hacer efectivo el cumplimiento de la ley de inquilinos aprobada en diciembre. Grupos locales acudían a una vivienda desahuciada, rompían el precinto de la policía, y reocupaban la casa pegando un cartel que ponía “abierto por orden de la CNT”. Hoy en día también existen sindicatos de inquilinos, y es que la unión y acción coordinada en solidaridad es la herramienta más efectiva para que los más débiles puedan hacer valer sus demandas.
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Fuentes
Aisa Pàmpols, Manel. La huelga de alquileres y el comité de defensa económica. Barcelona, abril-diciembre de 1931. Sindicato de la construcción de la CNT. El Lokal, 2019.
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